La Contribución de Valorización ha sido objeto de regulación a través de diferentes normas, tales como : la ley 25 de 1.921, 195 de 1.936, 113 de 1.937, 1ª de 1.943, 25 de 1.959, y los Decretos 868 de 1.956, 1604 de 1.966 y 1394 de 1.970.

La ley 25 de 1.921 en su artículo 3º determinó el “ Impuesto de Valorización como una contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local como canalizaciones de ríos, construcción de diques para evitar inundaciones , desecación de lagos, pantanos , tierras anegadizas, regadíos y otras análogas, contribución destinadas exclusivamente a atender a los gastos que demanden dichas obras”.

Fue el Decreto 1604 que a partir del año 1.966, en su artículo 1º dispuso que el antes impuesto de valorización se denominara contribución de valorización, lo hizo extensivo para todas las entidades de derecho público y consagró la posibilidad de financiar toda clase de obras (urbanas y rurales) de interés público.

En efecto el mencionado artículo 1º reza así: “El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3º. de la Ley 25 de 1.921 como una “ contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local”, se hace extensivo a todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera otra entidad de Derecho Público y que beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominará exclusivamente contribución de valorización:”

Es del caso mencionar cómo el Decreto 1604 implica la consagración de un criterio nuevo, mucho más amplio ya que se refiere a las obras de interés público (no local) las cuales interesan a toda la comunidad y la benefician en mayor o menor grado. Este nuevo criterio implicó también una ampliación en el concepto tradicional del beneficio de la propiedad inmueble referido exclusivamente en el mayor valor que recibiera el predio o plusvalía, y por ello el artículo 9º. del mencionado Decreto estableció que la base impositiva de la contribución tendría como tope máximo el valor del costo de las obras y para su liquidación se tendría en cuenta el concepto genérico de beneficio que produzca la obra, sin hacer referencia exclusiva al valor económico, como contraprestación específica a cargo del Estado.

También el Decreto 868 de 1.956 había regulado el tema del gravamen de valorización creando un sistema fiscal especial para la financiación de ciertos planes de obras, dentro del concepto de beneficio general, estableciendo su monto según diferentes categorías económicas y la capacidad de pago, y es así como en sus artículos del 1 al 6 reguló específicamente la materia y dispuso que ciertos municipios podrían establecer, reglamentar, distribuir y recaudar el entonces denominado impuesto de valorización para la ejecución de planes de obras, tanto en áreas rurales como urbanas, mediante un procedimiento especial de liquidación y distribución, con base en la capacidad económica de la tierra, establecida mediante coeficientes según su nivel o valor económico.

Esta última previsión, amplía el criterio tradicional del cobro de valorización en consideración al beneficio económico individual del predio que resulta favorecido con la obra pública que se financia, ya que cuando se trata de un plan de obras, entra a operar el concepto de beneficio general y dentro de éste está contenido el beneficio individual de acuerdo con los citados coeficientes, los cuales permiten establecer la capacidad económica de la tierra en cada zona específicamente considerada.

El fundamento de la anterior previsión se encuentra en la obligación del Estado de satisfacer las necesidades públicas y de ejecutar grandes obras públicas que son de carácter general de la comunidad y enmarcadas dentro de los planes y programas que tienen incidencia en toda la ciudad e implican beneficio general para todos los asociados, quienes por esta razón deberán contribuir, ya que debido a los costos de estas obras , no podrían ser financiadas a través del sistema tradicional de valorización, por beneficio local o puntual.

El sistema consagrado en el Decreto 868 de 1.956, fue recogido por el Decreto 1604 de 1.966, cuando dispuso en su artículo 18: “ Las disposiciones de los artículos 1º a 6º del Decreto Legislativo 868 de 1.956 son de aplicación opcional para los municipios a que dicho decreto se refiere, los cuales podrán abstenerse de seguir los sistemas allí previstos para la liquidación y cobro de la contribución de valorización”.

Este artículo permite confirmar que el estatuto de la valorización contenido en el Decreto 1604 de 1.966, decreto que recogió y culminó un proceso de evolución legislativa en relación con la contribución de valorización, porque precisó los aspectos fundamentales de dicho sistema fiscal, llenó los vacíos existentes en la legislación anterior, no derogó el Decreto 868 de 1.956, pero sí lo ratificó como un sistema fiscal opcional para las entidades públicas a que se refiere el decreto, y dejó la decisión a los respectivos concejos municipales para decidir sobre su aplicación en la liquidación y cobro de la contribución de valorización para las obras incluidas en planes de obras de beneficio público.

El Decreto 1604 de 1.966 fue adoptado como legislación permanente por la Ley 18 de 1.968 y posteriormente por el Decreto 1.333 de 1.986 por el cual se expidió el Código de Régimen Municipal que en su artículo 24 reiteró la previsión del artículo 18 del Decreto 1604 ya transcrito.

Del análisis anterior, podemos concluir que la Contribución de Valorización por Beneficio General es un Sistema de Financiación acogido y regulado por la legislación nacional que permite a las grandes ciudades adelantar las obras públicas que benefician a toda la ciudad, y a cuya financiación deben contribuir todos los propietarios en proporción al beneficio general que le corresponda. Así mismo podemos concluir que le compete a los Concejos Distritales establecer la contribución de valorización por Beneficio General en el Municipio y decidir sobre su aplicación en la liquidación y cobro de la contribución.

· El Acuerdo No. 005 de 2.004, expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla, a través del cual se adoptó el Plan de Desarrollo para el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla años 2.004-2.007, contenido en el documento “Acuerdo Social por la Ciudad”.

· El Acuerdo No.006 de 2.004, expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla, a través del cual reguló de manera especifica el Sistema Fiscal de Valorización por Beneficio General, previsto en la legislación desde 1.956 sin que se hubiera aplicado, facultó al Alcalde Distrital para elaborar el Estatuto de Valorización que recogiera las normas vigentes y reglamente el Sistema de Valorización por Beneficio General y Beneficio Local, y designó a EDUBAR S.A. como el Organismo Ejecutor del Plan de Obras, facultándola para efectuar los estudios, los créditos, encargos fiduciarios, el recaudo, la contratación y la administración general de la Contribución de Valorización por beneficio general.

· El Decreto Acuerdal No. 0323 de 2.004, expedido por el Alcalde Distrital por el cual se elaboró el Estatuto de Valorización para el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

· El Acuerdo No. 021 de 2.004, expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla, mediante el cual se aprobó el Sistema, Método y la forma de aplicar el derrame de la Contribución de Valorización por Beneficio General en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, así mismo escogió el Método de la Distribución Socioeconómica para asignar la Contribución.

· El Decreto 0114 de 2.005, expedido por el Alcalde Distrital fundamentado en las facultades otorgadas por los Acuerdos Distritales 006 , 0021 de 2.004 y el Estatuto de Valorización, determinó el número final y tipo de obras que se ejecutarán en el Plan de Obras Públicas a financiarse con la contribución de valorización por el Sistema de Beneficio General, se fijó el Monto Distribuible de la Contribución y se asignaron las Contribuciones por el Método de la Distribución Socioeconómica ordenada por el Acuerdo Distrital 0021.

· El decreto No 191 de 2005, por medio del cual se otorga una autorización a EDUBAR S.A. en su calidad de organismo ejecutor y sujeto activo de la contribución de valorización por beneficio general.

· Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, VALORIZACION POR BENEFICIO GENERAL, Sentencia de agosto 27 de 1.993, Expediente 4510 y 4511. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olmos. Apoya la sentencia la legalidad del Acuerdo 16 de 1.990 expedido por el Distrito Especial de Bogotá, por el cual se había regulado de manera específica el Sistema de Valorización por Beneficio General en el Distrito Especial de Bogotá

Dijo la Sala entre otros apartes de su análisis lo siguiente: “ ………….. en las grandes ciudades sus obras deben estar enmarcadas dentro de los planes de ejecución que afectan y benefician a toda la ciudad y a cuya financiación deben contribuir todos los propietarios en proporción al beneficio general que les corresponda, como única forma de lograr su adecuado desarrollo urbano,……………. “

· Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 28 de Julio de 1.995. Consejero Ponente: Guillermo Chahín Lizcano. El pronunciamiento de la jurisprudencia apoya las Resoluciones 15 y 28 de 1.991, expedidas por la Junta de Valorización Municipal de Cartagena, la cual invocando sus facultades legales había decretado la contribución de valorización atendiendo al beneficio general, y reconocen que la pavimentación de vías, para integrarlas a un sistema de conexión vial, beneficia a toda la ciudadanía.

· Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 31 de julio de 1.992. Consejero Ponente: Jaime Abella Zarate, rad: 3283. El pronunciamiento se refiere a la Base Imponible de la Contribución de Valorización por Beneficio General y señala los parámetros para su determinación, basados en el Decreto 1604 de 1966.